La decisión que ayer anunció el juez César Flores Rodríguez al considerar que ya prescribió el delito de genocidio, del cual se acusa al ex presidente Luis Echeverría y a varios de sus antiguos colaboradores, constituye el primer gran tropiezo de la fiscalía especial que indaga episodios como los del 10 de junio de 1971.
El 10 de junio de 1971 se cometió un crimen político. Una manifestación pacífica fue asaltada por un grupo de provocadores armados que actuaron en absoluta impunidad. Varias docenas de manifestantes fueron asesinados. La saña de los agresores llegó al extremo de que varias horas después de la emboscada contra la marcha, se dedicaron a asaltar hospitales de la Ciudad de México para identificar estudiantes heridos y secuestrarlos.
El 10 de junio de 1971 se cometió un crimen político. Una manifestación pacífica fue asaltada por un grupo de provocadores armados que actuaron en absoluta impunidad. Varias docenas de manifestantes fueron asesinados. La saña de los agresores llegó al extremo de que varias horas después de la emboscada contra la marcha, se dedicaron a asaltar hospitales de la Ciudad de México para identificar estudiantes heridos y secuestrarlos.
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